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10 Prescripción de la sanción

 

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El plazo de prescripción de la sanción se diferencia del plazo de prescripción de la infracción y del plazo de caducidad del procedimiento en que, en este caso, la sanción ya es firme en vía administrativa y, por lo tanto, la única posibilidad que tenemos ahora para interponer recurso contra ella es acudir a la vía contencioso-administrativa, es decir, a los Tribunales; si bien para acudir a esta vía necesitaremos ser defendidos por Abogado y, en su caso, representados por Procurador. La interposición del recurso contencioso-administrativo deberá realizarse en el plazo de dos meses, contados desde el día en que se dictó la resolución que se pretende recurrir (será la que resuelva el recurso de alzada o de reposición).
En este momento será también cuando debamos pagar la sanción, lo que es interesante hacer antes de que transcurran los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de aquélla, pues, si no pagamos la multa en dicho plazo, como veremos más adelante, su importe sufrirá un recargo del 20%. Es decir, que si decidimos no recurrir a los Tribunales deberemos abonar el importe de la sanción; y si decidimos recurrir por lo contencioso-administrativo, antes de hacerlo deberemos abonar la sanción o solicitar la suspensión de la misma, afiánzandola.
Una vez que nos han comunicado la resolución sancionadora con la cuantía que debemos ingresar y ésta queda firme, la Administración dispone de un año para cobrarla, antes de que la sanción prescriba. Es decir, que si la sanción cobra firmeza el 1 de Enero de 1999, y el denunciado no paga la multa, la Administración (por vía de apremio) debe intentar cobrarla antes del 1 de Enero del 2000; y, si no lo hace, la sanción habrá prescrito.
Este plazo de un año sólo se interrumpe por las actuaciones que realice la Administración, con conocimiento del interesado, para la ejecución de la sanción. Por lo que, si antes de que transcurra el año, comienza ésta una vía de apremio para embargar al multado, si es necesario, y cobrar la sanción; el plazo de prescripción se interrumpe desde ese momento.
Hay que tener en cuenta, que esta prescripción debe ser apreciada de oficio, o lo que es lo mismo, la propia Administración debe archivar la sanción si ha transcurrido el plazo de un año desde la firmeza de ésta. Aunque, si esto no es así, debemos recordárselo nosotros mismos en un escrito.
Las multas habrán de hacerse efectivas en los órganos de recaudación de la Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósito, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza.
En el caso de que no se pague la multa, una vez sea firme la sanción, debemos tener en cuenta que se recargará con un 20%, por lo que si la cuantía de la sanción es importante, podemos ver seriamente incrementada la sanción.
Una vez iniciada la vía de apremio para intentar cobrar la multa, dispondremos de un plazo de unos 15 días para alegar lo que consideremos oportuno sobre este trámite, y posteriormente, si no estamos de acuerdo con la gestión recaudatoria en vía de apremio, podremos interponer un recurso en vía económico-administrativa.

No hay que olvidar que, una vez la sanción haya adquirido firmeza, en el caso de que llevase aparejada la suspensión del permiso o licencia de conducción, ésta será llevada a efecto, debiendo entregar el documento correspondiente ("permiso o licencia de conducir") en la forma y ante la Administración que se nos indique en la orden que recibiremos solicitándonos su entrega. Aún en el caso de que no obedezcamos la orden de entregar el referido documento, no podremos conducir, constituyendo en caso contrario, dicha conducta, infracción de lo dispuesto en el artículo 67.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de Julio, y llevando aparejada una nueva suspensión del permiso durante un período de un año, cuando se trate del primer quebrantamiento, y de dos años si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.
Por último señalar que para el caso de las sanciones graves y muy graves que hayan adquirido firmeza, éstas serán anotadas en el Registro de Conductores e Infractores por la Jefatura Instructora; a la que se remitirán también las impuestas por los Ayuntamientos, autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y autoridades judiciales para su oportuna anotación. Dicha anotación será cancelada de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos 3 años desde su total cumplimiento o prescripción, según la redacción dada al artículo 82 por la Ley 17/2005, de 19 de Julio.